Preocupa de sobremanera la situación política del Perú, a raíz de la solicitud de asilo político presentado por el ex presidente Alan García Pérez a la embajada de Uruguay en Perú, hecho que sin duda evidencia la viveza política del ex mandatario al pretender aparentar una persecución política, cuando en realidad no lo hay, evadiendo de esta manera su responsabilidad ante la justicia peruana; valiéndose para ello de los errores del sistema de justicia, sobre todo en lo referido al uso y abuso de la prisión preventiva, donde están involucrado fiscales y jueces que desacatando lo que dispone la ley, la Constitución y los convenios internacionales, se apartan del modelo garantista que responde por excelencia al Estado constitucional de derecho, imponiendo de esta manera un sistema penal inquisidor, donde la palabra y decisión del juez se impone, al estilo del medioevo. Es lo que se llama la dictadura del juez, donde no encuentra razón más que en aquella que le impone la presión mediática, apartándose de esta manera de una recta e imparcial justicia. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, es totalmente cierto, en ello al pueblo le corresponde jugar una papel importante a través de la vigilancia ciudadana, pero ello no debe reemplazar a principios elementales que tienen que ver con la seguridad jurídica, que debe responder a un orden democrático constitucional, donde se debe respetar las garantías procesales mínimas, es decir, donde se respeten los derechos fundamentales de naturaleza procesal, como el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el plazo razonable, la legitima defensa, el derecho de prueba, la debida motivación de las resoluciones judiciales, entre otro. No demos motivos para seguir burlando la justicia, pues es necesario que el Ministerio Público y el Poder Judicial corrijan aquellas situaciones donde al procesado le dejan desprotegido y sin garantías mínimas. R.V.R.