COMPROMISO DEMOCRÁTICO

A un año de vigencia de COMPROMISO DEMOCRÁTICO, nos vemos en la necesidad de expresar públicamente nuestra posición respecto a la situación política que atraviesa el Perú, en el marco de los principios democráticos y de las legítimas demandas del pueblo y la nación peruana:

1. Si bien, la renuncia de Pedro Pablo Kuczinski a la presidencia y el acceso a la misma del Ing. Martín Vizcarra, en marzo de 2018, permitió una salida institucional a la crisis política del momento en Perú, sin embargo, de ahí en adelante han sucedido muchos hechos, como denuncias de corrupción que comprometieron a consejeros del Ex Consejo Nacional de la Magistratura, a jueces del Poder Judicial y a fiscales del Ministerio Público; del mismo modo se convocó a un referéndum para hacer consultas al pueblo sobre cuatro puntos de reformas políticas; y hoy nos encontramos ante una crisis del Ministerio Público.

2. Lamentablemente, la corrupción es un mal que venimos cargando desde los inicios de la República y que hoy viene sacudiendo la base moral de la sociedad peruana; sin embargo, el pueblo peruano, en su legítimo derecho de participación y control ciudadano que le confiere la Constitución no ha cejado en su lucha contra este flagelo, a través de la vigilancia y movilización ciudadana, las mismas que en los últimos tiempos le han permitido importantes conquistas.

3. La lucha contra la corrupción es también un problema cultural que necesitamos extirpar más allá de medidas efectistas, pues es necesario abordar con seriedad, sobre todo poniendo énfasis en el contenido de la educación, de tal forma que se promueva valores y prácticas como la honestidad, el respeto a la Constitución y ley, el respeto al bien ajeno y a la propiedad privada, la recompensa al esfuerzo, el respeto al derecho de los demás, la responsabilidad frente a nuestros actos, entre otros; y de esta manera combatir aquellos patrones y estereotipos que justifican la corrupción.

4. Nos reafirmamos en el compromiso de luchar junto al pueblo peruano contra la corrupción, no solo movilizándonos sino y sobre todo planteando iniciativas y propuestas para superar la situación de crisis política y moral que atraviesa el Perú, expresado en los conflictos entre poderes y órganos públicos, y en actos de corrupción que comprometen a ex y actuales autoridades y funcionarios de las principales instituciones públicas del país, así como empresarios, todos ellos arrastrados por la más grande red de corrupción conocida en la historia del Perú, la misma que lleva el nombre de “Lava Jato”.

5. La lucha contra la corrupción solo será exitosa en el marco del respeto a la Constitución y al orden democrático; lucha que se debe emprender contra todo y cada uno de los actos de corrupción, venga de donde venga; por lo que los órganos jurisdiccionales que componen el sistema de justicia deben intervenir de forma oportuna, transparente e imparcial, a fin de hacer justicia según los principios constitucionales, las normas legales y los tratados internacionales vigentes; respetando los derechos fundamentales y el debido proceso.

6. En tal sentido, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática pasa por respetar las potestades y autonomía que la Constitución reconoce a cada uno de los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos; como tal, cualquier problema derivado de las denuncias de corrupción a autoridades y funcionarios públicos, se debe realizar en el marco del respeto de dicho principio.

7. Es importante y necesario establecer niveles de compromiso interinstitucional en alianza con instituciones de la sociedad civil para garantizar y transparentar la lucha contra la corrupción; tanto a nivel local, regional y nacional.

8. La crisis que atraviesa el Ministerio Público, se tiene que solucionar en el marco de lo que establece la Constitución y el respeto de la autonomía de dicho órgano público. Cualquier restructuración y/o reforma del sistema de justicia y en particular del Ministerio Público, que funja de seria y responsable tendría que darse, si así lo amerita la situación, previa reforma de la Constitución, evitando la intromisión de los poderes políticos en la función de los órganos jurisdiccionales.

9. Del mismo modo, consideramos necesario y pertinente que el Poder Ejecutivo a la par de seguir liderando la lucha contra la corrupción, le preste la debida atención a la seguridad ciudadana, así como a la eficiente ejecución de los proyectos y programas (sociales, productivos y de infraestructura), sobre todo aquellos que están orientados a reducir la pobreza y extrema pobreza, a lo largo y ancho del territorio peruano.

10. De ser insuficientes los mecanismos institucionales que establece la actual Constitución para avanzar en la lucha contra la corrupción, no descartamos la posibilidad que una salida democrática sea la convocatoria a una Asamblea Constituyente, a fin de generar un nuevo pacto político.

11. Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la sociedad peruana, de luchar juntos por la gesta de un Estado honesto, democrático, justo, solidario y eficiente.

Lima, 02 de enero de 2019

Compromiso Democrático
Comité Ejecutivo Nacional